Principios de Regeneración Democrática del MRPE

1

Impulsar una democracia real, con el poder en manos de los ciudadanos y no de los partidos políticos

2

Luchar contra la corrupción del sistema actual de partidos políticos y el sistema electoral, que impiden una democracia real

3

Reducir la inmensa carga impositiva que existe en nuestro país sobre los ciudadanos, tanto la directa como la indirecta

4

Reducir los cargos ocupados actualmente por políticos y la financiación destinada a los diferentes lobbys creados por los mismos

1. Impulsar una democracia real, con el poder en manos de los ciudadanos y no de los partidos políticos.

Un sistema participativo en el que los ciudadanos no tengan que elegir obligatoriamente a un partido político, el cual impone el candidato y el resto de cargos a dedo. Promovemos un sistema en el que los Diputados sean elegidos provincialmente, sin que pertenezcan a un partido político, y en el que estos mismos ciudadanos, puedan revocar el mandato a los cargos electos en caso de incumplimiento por parte de éstos. Los Diputados se deberán a sus electores y no a los partidos políticos que los nombran a dedo.

Creemos asimismo que los ciudadanos deben ser consultados sobre las decisiones importantes del país no quedando estas únicamente en manos de los políticos.

Se habilitará un sistema informático con firma electrónica para que se pueda hacer cómodamente desde un ordenador o un smartphone y que así los ciudadanos puedan pronunciarse sobre las cuestiones importantes que les atañen como la prisión permanente, la salida de la Unión Europea, la legalización del cannabis, el sistema electoral, la monarquía y todo tipo de decisiones relevantes en que los ciudadanos deberían tener voz. Una democracia real. El poder en manos del pueblo. Igualmente consulta anual a los ciudadanos a través del sistema de firma digital establecido para que se decida por estos si se convocan nuevas elecciones y que no quede en manos del presidente de turno convocarlas o no sino que sea un decisión de los ciudadanos, ante incumplimientos de promesas programáticas o malas praxis.

Lo anterior supone celebrar Referéndums, por medios digitales, sobre todas las cuestiones relevantes para los ciudadanos, y que sean ellos los que las decidan,como un referéndum sobre la salida de la Unión Europea y la salida de la moneda única. La Unión Europea, con la colaboración de los políticos que nos han gobernado, ha sumido a España en una deuda pública inasumible de 1.4 billones de euros contando el pasivo circulante, es decir, el 130% del PIB. Sólo en intereses pagamos casi 100 millones de euros al día, lo que es una auténtica ruina. A ello hay que añadir que la UE ha propiciado el desmantelamiento del tejido industrial español, convirtiéndonos en un país para su ocio, y han firmado diversos tratados de libre comercio con países terceros arruinando a nuestros agricultores. A ello hay que añadir la bajada de nuestro poder adquisitivo a través del euro, el cual es utilizado como instrumento de fraude fiscal (billetes de 500 que no deberían existir). No podemos olvidar tampoco que la U.E nos ha arrebatado nuestra soberanía, no podemos tomar las decisiones sobre nuestro propio país sin el beneplácito de la corte de burócratas de Bruselas, y el Banco Central Europeo. Por todo ello y mucho más defiendo la salida de la U.E y el impago o renegociación de la deuda, algo con lo que ya contaba el Banco Central Europeo, pues por ese motivo hemos pagado la abultada “prima de riesgo” tantos años, que sin embargo no pagan otros países como Alemania, y la adopción de una moneda propia, como tienen países de la U.E como Suecia, o fuera de la misma, como Suiza, o incluso Gran Bretaña, aunque en un primer momento la utilicemos a la vez que sigamos funcionando con el euro.

Al ser un tema de tanta importancia y de acuerdo al principio de democracia participativa que se defiende, la permanencia en la U.E debe consultarse a los ciudadanos, y no debe ser decidida por los políticos, como ocurre ahora.

2. Luchar contra la corrupción del sistema actual de partidos políticos y el sistema electoral, que impiden una democracia real.

Promover un sistema de acceso para los cargos públicos de responsabilidad diferente a la mera designación por los partidos políticos, cargos que actualmente ocupan los políticos colocados por los partidos sin demostrar mérito ni capacidad. Se debería demostrar mérito y capacidad como tiene que hacer cualquier otro funcionario o empleado público y no bastar una mera designación partidista. Acabar con la corrupción de los partidos políticos. Prisión permanente para los políticos corruptos que se hayan apropiado del dinero de los ciudadanos como medida disuasoria hasta que devuelvan todo el dinero robado.

3. Reducir la inmensa carga impositiva que existe en nuestro país sobre los ciudadanos, tanto la directa como la indirecta.

Para con ello estimular el consumo, dinamizando la economía mejorando así el poder adquisitivo los ciudadanos. A su vez aumentar la carga impositiva de las grandes empresas, y bancos a través de la eliminación de deducciones y exenciones, como por ejemplo eliminando la exención del pago de dividendos a los accionistas que posean más del 5% del capital de una sociedad cotizada, lo que propicia que los mayores propietarios de sociedades y bancos como puede ser el Santander no tributen absolutamente nada en España por los dividendos que cobran. Sólo las 35 empresas del IBEX tienen casi 23.000 millones de euros de beneficio. Esto debe repercutir en beneficio de todos los ciudadanos habida cuenta de la mala distribución de la riqueza existente.

4. Reducir los cargos ocupados actualmente por políticos.

Con una administración sobredimensionada, menos ayuntamientos de modo que no pueda existir un ayuntamiento para menos de un número determinado de habitantes, y que las poblaciones que no lo alcancen se agrupen. Desaparición de las Diputaciones y Parlamentos autonómicos sin necesidad de que desaparezcan las Comunidades Autónomas hasta hacer una consulta popular al respecto, aunque se podría estudiar la disminución de las mismas mediante su fusión y reducirlas a un número mucho menor, haciendo desaparecer la legislación distinta en cada Comunidad Autónoma lo que crea gran inseguridad jurídica y desigualdad ante la Ley de los españoles en función de dónde viven o han nacido.